Importante Sentencia ganada al Corte Inglés

LDO. –RAFAEL MORENO GARCIA DE CISNEROS NOTIF. 02/07/2014
Autos de Juicio Ordinario 514/13
Procedentes de Procedimiento Monitorio 432/12

SENTENCIA nº 69

En Alcalá de Guadaíra, a 24 de junio de 2014

Vistos por D. Serafín Mora Lara, Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción num 3 de Alcalá de Guadaíra, los presentes autos de Juicio Ordinario 514/13, seguidos ante este Juzgado a instancia de FINANCIERA EL CORTE INGLÉS, EFC, S.A., contra doña_______________.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Que por la Procuradora doña Consuelo Cuberos Huertas se presentó petición inicial de procedimiento monitorio, en nombre y representación de FINANCIERA EL CORTE INGLÉS, EFC, S.A., frente a ___________y doña_____________, en reclamación solidaria de siete mil ochocientos cincuenta y ocho euros con cincuenta céntimos de euro (7.858,50 €) de principal, más los intereses de demora pactados en contrato.

Por el Procurador sr. Andrade Bernabeu se presentó escrito de oposición al monitorio en nombre de________________, en el que alegaba que su representada no dio su consentimiento para constituirse como avalista, ni fue informada por la actora de las responsabilidades y obligaciones que asumía como tal, y que los intereses de demora pactados en contrato eran desproporcionados.

Por su parte, la _______________no pudo ser requerida de pago.

SEGUNDO: El 17 de julio de 2013 se presentó escrito de demanda, por la Procuradora sra. Cuberos Huertas, en nombre y representación de FINANCIERA EL CORTE INGLÉS, EFC, S.A., contra_______________, en reclamación de las cantidades anteriormente referidas.

Admitida a trámite la demanda por Decreto de 5 de septiembre de 2013, por el Procurador sr. Andrade Bernabeu, en nombre y representación de la demandada, se presentó escrito, en fecha 16 de septiembre de 2013, en el que además de contestar a la demanda se interesaba la intervención en el proceso de______________, conforme a lo establecido en el art. 14 de la LEC.

Evacuado traslado a la actora, el 2 de diciembre de 2013 se dictó Auto declarando no haber lugar a la intervención provocada interesada.

TERCERO: Mediante Decreto de 3 de diciembre de 2013 se convocó a las partes para la celebración de la audiencia previa al juicio, que tuvo lugar el 20 de febrero de 2014.

Que no llegando las partes a un acuerdo que pusiese fin al litigio que las separaba, se señaló el 24 de junio de 2014 para la celebración del juicio oral, donde una vez practicadas las pruebas propuestas y admitidas quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Se reclaman por la actora siete mil ochocientos cincuenta y ocho euros con cincuenta céntimos de euro (7.858,50 €), más los intereses de demora pactados en contrato, y costas. La demandada figura como avalista de su hija, titular de Tarjeta de compra de El Corte Inglés, en virtud del contrato suscrito el 14 de julio de 2006.

El importe de la reclamación aglutina, no sólo el saldo vencido, sino también el impago de diversas mercancías adquiridas por la titular de la tarjeta a través del departamento de Venta a Distancia del citado establecimiento comercial; compras para las cuales solicitó hasta seis Fórmulas Personales de Pago.

De contrario se aduce la existencia de vicio del consentimiento, por cuanto la demandada no fue informada de las obligaciones que asumía como avalista; la falta de consentimiento de la avalista, tanto a la Modificación de las condiciones de crédito llevada a cabo el 24 de noviembre de 2007 como a las denominadas Fórmulas Personales de Pago; el carácter abusivo de la cláusula atinente a la fijación del interés de demora pactado; y por último, la improcedencia de la reclamación al alegarse la falta de entrega de las mercancías que se dicen adquiridas a distancia.

En el acto de la audiencia previa al juicio, por la actora se propuso como prueba la documental aportada; por la demandada, la testifical de la titular de la tarjeta, ______________, que no compareció al acto de la vista, y a cuyo interrogatorio finalmente renunció la parte que la había propuesto.

SEGUNDO: Nos referiremos en primer lugar al alegado carácter abusivo de los intereses de demora fijados en el contrato (aunque con mayor precisión hemos de referirnos a los intereses fijados en los distintos contratos).

Tal y como se manifiesta por la demandada, cuando se trata de contratos celebrados con consumidores y usuarios, y en el presente caso nos encontramos ante dicha tesitura, el Juez puede y debe entrar a analizar de oficio que la deuda reclamada no se sustenta en cláusulas abusivas, pues conforme a doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (por todas STJUE de 14 de junio de 2012, asunto Banco Español de Crédito S.A., C-618/2010), que es de aplicación al caso en tanto la norma de protección de los consumidores es transposición de la Directiva 93/13/CE, la nulidad de las cláusulas abusivas es controlable de oficio por los Tribunales desde el momento en el que éste dispone de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello, sin que la norma procesal pueda ser un óbice para dicho control.

Los artículos 82 y 85.6 del Real Decreto Legislativo 1/2007, califica de abusivas todas aquellas estipulaciones y prácticas no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, y el artículo 83 del mismo Texto Refundido sanciona con la nulidad de pleno derecho y tener por no puestas las cláusulas abusivas.

El artículo 85.6 del mismo texto legal califica como abusivas aquellas cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.
En el presente caso, nos encontramos ante un denominado contrato de Tarjeta de compra, de fecha 26 de julio de 2006, que no se vio afectado en este extremo por la Modificación de condiciones del crédito pactada en 2007, y las sucesivas Fórmulas Personales de Pago. En cualquier caso, tanto el contrato inicial como el contrato de Fórmula Personal de Pago no tienen el carácter de negociado, sino que responden a un modelo predeterminado por la entidad actora no susceptible de negociación individual por parte del ciente. Por la actora no se ha practicado prueba alguna en contrario.
Pues bien, resulta evidente que la fijación de un tipo de interés de demora responde a la necesidad de establecer una indemnización a la entidad financiera, para el caso de que el consumidor no cumpla regularmente la obligación asumida de devolver las cuotas comprensivas de capital más interes remuneratorio. En el presente caso, en los distintos contratos se estableció siempre la misma cifra como tipo de interés de demora: el 14 %.
Para valorar la posible desproporción de dicho tipo puede resultar útil compararlo con el que establecen otras normas legales que concretan los intereses moratorios para supuestos de incumplimiento.
Así, resulta que los intereses moratorios en operaciones comerciales, a las que se refiere la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, tuvieron un tipo medio entre 2011 y 2013, que es el período en el que se suscribieron las distintas Fórmulas Personales de Pago, en torno al ocho por ciento.
Igualmente, la mora de las entidades aseguradoras en caso de retraso en el pago de las indemnizaciones a asegurados y perjudicados se establece según el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro en el interes al tipo legal incrementado en un cincuenta por ciento, y tanto en 2006 como entre 2011 y 2012, el interés legal se ha situado en torno al cuatro por ciento, lo que supone un interés moratorio del seis por ciento; el interés de demora a efectos tributarios se ha movido en torno al cinco por ciento; el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil fija el interés moratorio por el incumplimiento de las resoluciones judiciales que contengan una obligación de pago en el interés legal más dos puntos, que tanto en 2006 como desde 2011 sería el 6,00 %; por último, la Ley Cambiaria y del Cheque también establece este mismo indice como interés moratorio por el impago de títulos cambiarios.

A la vista de esta normativa, consideramos que una cláusula como la que se combate, que fija un interés de demora del 14 %, si bien se encuentra a nuestro juicio en el límite de lo tolerable, no puede considerarse abusiva. Así, el legislador, a partir de la Ley 1/2013, ha venido a fijar un criterio orientador claro y objetivo para determinar cuando una cláusula de dicho tipo puede considerarse abusiva: el determinado por el triple del interés legal. Claro está que dicho límite viene referido a un supuesto específico y relevante, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual, que afecta a un bien de primera necesidad y de significación incluso constitucional. Por tanto, si para la adquisición de tal bien se establece el citado límite, entendemos que para la adquisición de otros bienes de consumo que no vienen revestidos de esa aura de necesidad, como puedan electrodomésticos, artículos de decoración, alfombras, etc, como sucede en el presente caso, cabe a nuestro juicio fijar un interés algo mayor. En por ello que este Juzgado viene considerando que la fijación de un 14 % como tipo de interés de demora en casos como el presente no puede considerarse abusivo ni por tanto nulo.

TERCERO: En segundo término, nos referiremos a la supuesta falta de entrega de las mercancías adquiridas a distancia. Por la parte demandada se señala que la documentación aportada no hace prueba de su entrega material, que quedaría acreditada con los correspondientes albaranes, a lo que habría que añadir un posible o hipotético desistimiento de la compradora.

Evidentemente, un albarán es un documento más apto para acreditar la efectiva entrega de una mercancía a su destinatario, pero también la factura constituye un documento que de ordinario acredita la prestación de una actividad o servicio.

En cualquier caso, hemos de tener en cuenta cómo a la vista de las peculiaridades propias del tráfico mercantil, donde prevalecen el antiformalismo y la buena fe en su génesis, cumplimiento y ejecución, la jurisprudencia viene manteniendo que el análisis de los medios probatorios debe llevarse a cabo atendiendo a criterios flexibles de disponibilidad probatoria (sin que con ello se llegue a desnaturalizar el principio general de distribución de la carga de la prueba).

Esa misma jurisprudencia, en cuanto al valor probatorio que se ha de reconocer a las facturas unilateralmente expedidas por la parte actora, en las que no consta el reconocimiento por el deudor a quien perjudican, niega que tengan valor por sí solas (Sentencias de la Audiencia Provincial de Murcia de 25 abril 1994 y de la Audiencia Provincial de Albacete de 18 mayo 1998). Dicho de otro modo, y trayendo a colación lo declarado por la Sala 1ª del Tribunal Supremo (así STS 3-11-2005), “si bien es cierto que sólo las facturas resultan directamente determinantes cuando el destinatario las acepta expresamente, no es menos cierto que alcanzan la eficacia de los documentos privados, aún no reconocidos, cuando en conjunción con los demás medios probatorios se acredita el hecho que contienen, (Sentencias de 22-10-1992 , 26-11-1993 , 6-5-1994 , 29-5-1995 y 28- 11-1998, entre otras muy numerosas).

Por tanto, la virtualidad de una factura como medio de prueba para acreditar la realidad de la actividad prestada y la consiguiente obligación del demandado de abonar su importe debe necesariamente extraerse de la conjunción o ponderación de dicho documento privado con las restantes medios de prueba.

Dicho esto, entendemos, por una parte, que para la presente circunstancia debe estarse, con carácter general, al criterio establecido en el artículo 217 LEC, y habiéndose alegado la falta de entrega de las mercancías como hecho obstativo, debe ser la demandada quien lo acredite (circunstancia respecto de la cual no se ha practicado prueba alguna, pues renunció a la testigo que propuso al respecto, quien de otro lago no asistió al acto del juicio); y por otra, que en el presente caso no nos hallamos ante meras facturas unilateralmente creadas, sino que aparecen firmadas por el comprador, y unidas al documento denominado Fórmula Personal de Pago, también firmado, en cada caso, por el comprador, la sra. Serrano Sergeant, aparte de la documentación relativa a la reclamación de las cantidades debidas.

En definitiva, las alegaciones vertidas por la demandada al respecto en su contestación carecen de toda consistencia a la hora de determinar la desestimación, total o parcial, de las pretensiones de la actora.

CUARTO: Nos referiremos por último a dos cuestiones diversas: se viene a alegar por un lado la nulidad de la garantía por vicio del consentimiento, que residiría en no haberse informado a la demandada de las obligaciones que asumía como avalista de su hija; por otro, el hecho de que la demandada no prestó su consentimiento ni a la Modificación de las condiciones del crédito (que se viene a identificar por la parte demandada como una prórroga de la deuda, a la que se anuda lo dispuesto en el art. 1851 del CC como causa de extinción de la fianza) ni a las Fórmulas Personales de Pago a las que se acogió la titular de la tarjeta para las diversas compras verificadas a distancia.

En cuanto a la primera cuestión, debemos recordar lo dispuesto en el art. 217 de la LEC y la inexistencia de prueba propuesta al respecto por la demandada, siendo así que cuando de la protección de los consumidores y usuarios se trata la inversión de la carga de la prueba puede tener lugar en el ámbito de la culpa, no en el previo estadio de la información. En cualquier caso, como se alude a la documentación aportada de contrario, nos remitimos a la misma, y en este sentido resulta notorio que justo encima de la firma de la avalista se reseña lo siguiente: “El avalista de este documento garantiza solidariamente y en consecuencia con renuncia expresa al beneficio de excusión, el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el Titular y las personas por él autorizadas”. Ciertamente, se alude en dicha somera información conceptos técnico-jurídicos que no tienen por qué ser conocidos, en su concreto significado, por toda persona (como “solidaridad” o “beneficio de excusión”), aunque entendemos que cualquier ciudadano medio puede conocer, aproximadamente, las consecuencias de constituirse en fiador o avalista de una operación. En cualquier caso, correspondía a la demandada acreditar que la sra._________, en concreto, no fue informada del significado concreto de tales expresiones y firmó el contrato con absoluto desconocimiento de lo que significaban las obligaciones que por él mismo asumía, lo que no ha tenido lugar en el presente caso.

En cuanto al segundo de los extremos apuntados, se viene a señalar, podría considerarse que con carácter subsidiario a lo anterior, que el aval únicamente podría exigirse respecto a las obligaciones nacidas del contrato de Tarjeta de compra, con respecto a las condiciones fijadas en el mismo, y no a la Modificación de las condiciones del crédito llevada a cabo en 2007 (que la demandada viene a considerar auténtica novación extintiva, o incluso prórroga de la fianza no consentida por el fiador), ni a las Fórmulas de Pago posteriormente pactadas, que habrían de considerarse como contratos autónomos.

Pues bien, lo primero que cabe señalar es que la modificación operada el 24 de noviembre de 2007 en modo alguno puede equipararse a una prórroga, como se pretende, ni anudar por tanto el efecto a que se refiere el art. A851 del Código Civil, pues dicha modificación afectó a un aspecto muy concreto del contrato suscrito, la forma de pago, sustituyéndose el pago de una cantidad fija mensual (45 €) por otra más elevada (90 €); tal modificación no afecta en modo alguno a la duración del contrato o las obligaciones de las partes o a la demora en el plazo pactado para el pago, sino únicamente al importe de las cantidades a abonar por el titular de la tarjeta mensualmente para aplicarlas al saldo resultante, con lo que en modo alguno puede hablarse de prórroga, sino en cualquier caso, de todo lo contrario. Por otra parte, dado que la modificación no afecta a las obligaciones esenciales de los contratantes, sino a un aspecto concreto que además no incide en las eventuales obligaciones del avalista (que respondería ante el incumplimiento final del titular independientemente de la forma de pago por éste elegida), entendemos que la modificación del crédito no extingue, y así se deduciría de lo dispuesto en el art. 1207 del Código Civil, la obligación accesoria, efecto que sólo se produciría cuando la situación del avalista resultase agravada con la modificación; lo que, como ya hemos apuntado, no ha tenido lugar en el presente caso, donde su situación se mantuvo inalterable.

Por último, se viene a señalar que la sra. ______________no figura como avalista en ninguna de las llamadas Fórmulas Personales de Pago que se acompañan a cada una de las compras verificadas a distancia por la titular de la tarjeta, lo que plantea la cuestión del carácter autónomo o no de dichas fórmulas contractuales.

Según se indica en la demanda, la denominada Fórmula Personal de Pago no deja de ser “una modalidad de pago aplazada para los clientes que tengan Tarjeta de Compra”, dentro por lo tanto del mismo contrato, lo que se acreditaría con el hecho de que en todos aquellos aparecería grabado, en el margen superior derecho, el nº de la tarjeta correspondiente. Mientras que por la demandada se viene a aducir su carácter autónomo, que se manifestaría en el hecho de que el documento atinente a cada Fórmula Personal de Pago presenta en su parte inferior una serie de recuadros a rellenar por el avalista, que en el presente supuesto, en todos los casos, se encuentran vacíos, y por tanto, no firmados por la demandada.

Una vez analizada la documentación aportada, y a la vista de la naturaleza del contrato inicial, entendemos que efectivamente nos encontramos ante contratos diversos: por un lado, el contrato por el que se abre la cuenta con la Financiera y se facilita al cliente una tarjeta para realizar compras y obtener servicios sin tener que pagar en efectivo, llevándose a cabo el pago de forma aplazada, mensualmente, conforme a un resumen mensual de compras; y por otro, diversos contratos autónomos de compraventa a distancia en los que se ha ofrecido una modalidad de pago especial o ventajosa en cuanto a su financiación, a través de la citada tarjeta de compras.

De hecho, la cláusula 13 del contrato dice que “en los primeros días de cada mes, se enviará al Titular un Resumen de Compras efectuadas por el Titular y/o sus autorizados durante el mes anterior en el que aparecerá la descripción de cada operación”, para a continuación establecerse, en la cláusula 14, que “el pago se efectuará el último día del mes siguiente al de la fecha del Resumen de Compras por el importe señalado en el mismo”.

Es decir, la obligación del avalista, como la del Titular, se limita al pago de las cantidades que se reflejen en el citado Resumen de Compras (documentos 4 a 12 de la petición inicial del procedimiento monitorio, en los que no se incluye ninguna de las operaciones financiadas a través de las denominadas Fórmulas Personales de Pago).

A mayor abundamiento, podemos señalar otras notas o elementos de los que claramente puede deducirse ese carácter autónomo, como el hecho de que sobre las mercancías adquiridas a distancia y financiadas a través de la citada fórmula se reconozca una reserva de dominio a favor del financiador o que en los propios impresos, en cada uno de ellos, se contengan casillas a rellenar por un posible avalista.

Por último, hemos de mencionar que la propia actora, en otras ocasiones y ante otros Tribunales, ha considerado que efectivamente se trataba de contratos diversos, como refleja la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 1ª, de 31 de octubre de 2005 (que comienza señalando que “La entidad El Corte Inglés SA instó demanda en la que reclamaba el pago de la cantidad de 1.164,24 euros, resultante del impago de dos diferentes contratos: 1) el de apertura de cuenta, que permitía la utilización de tarjeta con pago aplazado, cuyo saldo arrojaba la suma de 494,16 euros, y 2) el de compra de mercancías, por medio de lo que el documento suscrito denomina Fórmula personal de pago, con un total reclamado de 750,08 euros”).

A la vista de todo lo anterior, consideramos que la obligación asumida por la avalista en el contrato inicial, que no se extinguió con la posterior modificación de las condiciones de crédito, se circunscribe, en todo caso, a las cantidades reflejadas en el denominado Resumen de Compras, más los gastos estipulados en contrato; y en ningún caso puede entenderse que la garantía personal se extiende a los contratos de compraventa a distancia financiados a través de las fórmulas personales de pago, por lo que la demanda no puede sino ser estimada parcialmente, con exclusión de las cantidades que fueron financiadas a través de las citadas Fórmulas Personales de Pago. Por tanto, de la cantidad total que se reclama habrá que deducir las cantidades referidas, dado que ninguna otra objeción se ha hecho por la demandada, lo que da como resultado un importe de mil ciento setenta y siete euros con cinco céntimos de euro (1.177,05 €).

QUINTO: En relación a los intereses reclamados, habrá de estarse a lo pactado por las partes en el contrato de 14 de julio de 2006, que fijó un interés de demora del 14 % desde la fecha de cada vencimiento no satisfecho hasta su pago.

Además, conforme a lo previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a estas cantidades le será de aplicación el interés por mora procesal equivalente al interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde el momento en que se dicte esta sentencia.

SEXTO: Según el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente rechazadas. Si la estimación o desestimación fueren parciales cada parte abonará las causadas en su instancia y las comunes por mitad.

FALLO

Que debo ESTIMAR y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por la Procuradora sra. Cuberos Huertas, en nombre y representación de FINANCIERA EL CORTE INGLÉS, EFC, S.A., contra doña_____________, y en consecuencia debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de mil ciento setenta y siete euros con cinco céntimos de euro (1.177,05 €), más los intereses a que se refiere el Fundamento de Derecho Quinto.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Inclúyase la presente en el Libro de Sentencias.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, y contra ella cabe recurso de apelación a interponer en el plazo de veinte días ante este Juzgado, y del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Se informa que de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, se requiere la constitución de depósito para interponer el mencionado recurso por importe de 50 euros, con las excepciones previstas en la Ley.

Así por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada, ha sido la anterior Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, encontrándose en el día de la fecha, con mi asistencia, celebrando audiencia pública. Doy fe.